El Estado te emplea. No te forma.

Por María José Lovatón

En Perú, más de un millón de personas trabajan al servicio de lo público^[1], distribuidas entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. El sector público cuenta con más de doscientos cincuenta millones de soles anualmente^[2] para “servir” a los millones de ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con una generación de jóvenes que no considera al sector público llamativo para su futuro profesional, por lo cual surge la pregunta: ¿por qué el mayor empleador del país no es capaz de atraer, formar y sostener el talento joven?

La coexistencia de múltiples regímenes laborales dentro del sector público ha generado un escenario profundamente desigual: personas que realizan funciones similares bajo condiciones contractuales distintas, con derechos fragmentados, estabilidad incierta y escasas oportunidades de desarrollo. En ese contexto, construir una vocación por el servicio público, especialmente entre la población más joven, no solo es difícil, sino que muchas veces es inviable.

Para los jóvenes, esta precariedad se vive de manera más aguda. Aunque representan casi tres de cada diez personas económicamente activas del país (29%)^[3], una proporción significativa de quienes trabajan en el Estado lo hacen mediante modalidades no vinculantes, temporales o no formativas. Son contratos que rara vez incluyen procesos sólidos de capacitación, acompañamiento o proyección profesional. Se entra al Estado, pero no se hace carrera en él.

Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este fenómeno? La alta rotación, la falta de formación continua y la ausencia de incentivos claros para retener al talento y ser competitivos en comparación con otros sectores debilitan las capacidades institucionales y erosionan la confianza en lo público como espacio de transformación real.

Durante las últimas décadas, la reforma del servicio civil ha intentado corregir estas fallas^[4], avanzando hacia un modelo más meritocrático y profesional. Los progresos existen, pero son frágiles, incompletos y constantemente amenazados por decisiones políticas de corto plazo. Sin una ciudadanía informada y una masa crítica de personas comprometidas con defender instituciones sólidas, cualquier avance puede revertirse.

El escenario que tenemos se resume en un Estado que emplea jóvenes, pero no los forma. Los necesita, pero no los cuida. Los convoca, pero no los retiene. Por lo tanto, la falta de interés juvenil por la gestión pública deja de ser un problema cultural o generacional y se revela como lo que realmente es: un problema estructural de oportunidades, formación y sentido.

IMPACTA: cuando la formación se vuelve una forma de incidencia

El problema no es exclusivo del Perú. En América Latina, la combinación de regímenes laborales paralelos, alta rotación en cargos de confianza y débil inversión en formación continua es un patrón que el BID ha documentado en su informe Mejores gobiernos para mejores vidas (2024)^[5], que evalúa el estado del servicio civil en 19 países de la región. El diagnóstico se repite: se reforma en papel, y luego el siguiente gobierno llega y empieza de cero.

En ese contexto han surgido, en varios países de la región, iniciativas que operan en el espacio que el Estado no ocupa: programas de formación para la gestión pública dirigidos a jóvenes que quieren participar en ella pero no encuentran cómo hacerlo sin desgastarse en el intento. Algunas articulan universidades con organizaciones sociales. Otras construyen redes de prácticas entre funcionarios jóvenes de distintas regiones. Otras, como IMPACTA - Jóvenes por la Gestión Pública, parten de una premisa distinta: que fortalecer la gestión pública no es solo tarea de quienes trabajan dentro del Estado, y que construir comunidad entre jóvenes que quieren hacerlo —desde donde sea— ya es, en sí mismo, un resultado.

Desde el año 2020, IMPACTA ha formado a más de 2,000 personas en 8 regiones del Perú. Su programa desarrolla liderazgo, habilidades blandas e innovación para proyectos públicos, y está abierto a jóvenes de cualquier sector, no solo a quienes trabajan o quieren trabajar en el Estado.
Quienes terminan el programa no se van: se convierten en voluntarios, forman equipos en sus regiones e implementan proyectos de incidencia local. Hasta la fecha, estos equipos han desarrollado 15 proyectos que han alcanzado a más de 600 jóvenes en distintos territorios. Esa continuidad entre formación y acción es, precisamente, lo que los esquemas de contratación del Estado no garantizan.

Lo que muestran sus números es que el interés juvenil por lo público no desaparece cuando encuentra condiciones mínimas: acompañamiento, redes, un espacio donde la frustración no sea el único resultado posible. Queda pendiente la pregunta más incómoda: ¿por qué tiene que ser la sociedad civil quien construya esas condiciones, y no el propio Estado?

Entre la vocación y el Estado: una generación en búsqueda de trayectorias

La pregunta que recorre este artículo no es si los jóvenes quieren involucrarse en la gestión pública. Es bajo qué condiciones ese interés sobrevive al primer contrato CAS, a la primera rotación, al primer cargo que se crea y se elimina según el gobierno de turno.

En el Perú y en gran parte de América Latina, el desafío no es solo reformar normas o modernizar estructuras, sino reconstruir el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Un vínculo que no se impone: se aprende, se cultiva y se acompaña. Lo que muestra la experiencia de IMPACTA es que esas condiciones no son extraordinarias — acompañamiento, comunidad, un marco donde aprender no signifique quedarse solo. El problema es que el Estado no las ofrece de manera sistemática, y que organizaciones civiles con recursos acotados están cubriendo ese vacío.

Apostar por la formación de jóvenes es, en ese sentido, una apuesta por un Estado que asuma su responsabilidad: que reconozca sus fallas actuales y las enfrente con reformas sostenidas. Pero mientras el servicio civil siga funcionando con regímenes fragmentados, sin carrera pública real y sin inversión en las personas que lo sostienen, el ciclo continuará: jóvenes que entran con vocación, se desgastan y se van.

La formación cívica puede interrumpir ese ciclo en los márgenes. Cambiarlo de fondo requiere algo que ninguna organización de la sociedad civil puede hacer sola.

Foto de portada: Impacta JxGP (2026)

Sobre Mara

Mara Lovatón es Comunicadora para el desarrollo, especializada en el diseño e implementación de programas que articulan educación, participación juvenil y gestión pública. Ha trabajado con organizaciones como WWF, MCW Global y la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente coordina iniciativas nacionales y regionales en IMPACTA - Jóvenes por la Gestión Pública, donde ha formado a más de 150 jóvenes de 8 regiones del país. Su trabajo se mueve en la intersección entre comunicación, innovación social y fortalecimiento institucional.

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